Uno de los retos más importantes con los que se enfrenta una sociedad es el de
capacitar a sus ciudadanos para el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia, así como para la prevención de conflictos y su resolución pacífica. Este reto se vuelve más importante cuando nos encontramos en una sociedad cambiante y cada vez más globalizada.
Por ello, el sistema educativo debe permitir que todos los ciudadanos adquieran las competencias clave necesarias que permitan su aprendizaje continuo, la ciudadanía activa y el diálogo intercultural. Además, la educación debe promover las actitudes interculturales, los valores democráticos y el respeto de los derechos fundamentales y del medio ambiente, así como la lucha contra toda forma de discriminación, y dotar por ello a todos los jóvenes de las herramientas necesarias para interactuar positivamente con otros jóvenes de diversa procedencia.
Por todo lo anterior, el Decreto 32/2019, de 9 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el marco regulador de la convivencia en los centros docentes de la Comunidad, y en virtud de la autonomía que la Ley Orgánica de Educación nos confiere, indica la obligación de elaborar nuestro propio plan de convivencia, y establecer actuaciones que la promuevan y que incluyan a la totalidad de la comunidad educativa.
La elaboración de un plan de convivencia supone un reto para cualquier institución educativa, ya que debe plantearse de modo global y sistemático la planificación y desarrollo de objetivos y actuaciones para la mejora de la convivencia escolar, tanto desde el punto de vista preventivo, como desde la intervención, estableciendo procedimientos específicos para abordar los problemas y mejorar las prácticas educativas cotidianas.